Información institucional sobre la situación del agente Bruno Sancci
Comunicado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Ante las consultas y preocupaciones expresadas por integrantes de la comunidad universitaria, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales considera necesario brindar información pública, clara y responsable sobre la situación del agente Bruno Sancci. Por tratarse de actuaciones que involucran denuncias sensibles, este comunicado preserva la identidad y la intimidad de las personas denunciantes y se limita a reseñar decisiones institucionales y judiciales documentadas.
El procedimiento administrativo y las decisiones institucionales
En 2019, luego de una presentación colectiva por situaciones de discriminación y violencia de género, el Consejo Directivo de la FHCS dispuso por unanimidad iniciar un sumario administrativo y suspender preventivamente al agente como medida de protección mientras se desarrollaba la investigación. La decisión se adoptó en el marco del protocolo institucional vigente y de la Ley 26.485.
El sumario reunió declaraciones de las denunciantes, numerosos testimonios, documentación y elementos aportados por el propio agente, quien pudo declarar, ofrecer testigos y presentar prueba. Al finalizar la investigación, el instructor sumariante concluyó que existía responsabilidad administrativa y recomendó aplicar la cesantía por la gravedad, reiteración y permanencia en el tiempo de las conductas examinadas.
En sus conclusiones, el instructor sostuvo que múltiples testimonios concordantes corroboraban aspectos centrales de las denuncias. Caracterizó las conductas investigadas como discriminatorias y abusivas y señaló que, durante años, la vinculación del agente con estudiantes se había desarrollado mediante el aprovechamiento de las asimetrías propias del vínculo académico, el abuso de poder, comportamientos violentos y hechos de violencia de género, alcanzando también a algunas colegas.
Sobre esa base, en junio de 2022 el Consejo Directivo de la FHCS declaró la cesantía de Bruno Sancci. La decisión fue aprobada por unanimidad después de un extenso debate en el que el Cuerpo afirmó no encontrar razones para apartarse de las conclusiones del sumariante.
Al analizar y resolver el recurso jerárquico presentado por el agente Sancci contra la resolución de cesantía, el Consejo Superior declaró prescriptas las acciones disciplinarias correspondientes a varios de los hechos denunciados, basándose en cuestiones procedimentales vinculadas a los plazos transcurridos entre las denuncias y el desarrollo de la investigación. Sin embargo, consideró acreditado y no prescripto un acto de intimidación contra quien entonces ejercía la Vicedecanatura, cometido con el propósito de silenciar la denuncia de otra docente. El Consejo Superior entendió que ese accionar configuraba una inconducta laboral y violencia pública-política grave contra una mujer, por el intento de cercenar su derecho a denunciar. También por unanimidad, dispuso la cesantía de Sancci en todo el ámbito de la UNPSJB mediante la Resolución CS N.º 118/2022.
La revisión judicial
El docente impugnó esa resolución ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. En abril de 2023, el tribunal declaró la nulidad de la Resolución CS N.º 118/2022. La sentencia identificó deficiencias sustanciales en la delimitación de los hechos investigados, en la formulación de las conclusiones del sumario y en la oportunidad concedida al agente para ejercer plenamente su derecho de defensa, debido a la falta de notificación en tiempo y forma de algunas actuaciones del sumariante.
Es importante explicar con precisión el alcance de esa decisión. La Cámara manifestó expresamente que no había valorado ni emitido juicio sobre los hechos denunciados ni sobre la conducta del docente. La nulidad respondió al control de legalidad del procedimiento administrativo: no constituyó una declaración de inocencia ni estableció que las denuncias fueran falsas. El propio tribunal señaló que las conductas podían ser nuevamente examinadas mediante un procedimiento respetuoso del debido proceso.
En 2023, el Consejo Superior dispuso por unanimidad que la FHCS analizara nuevamente las actuaciones, resolviera las funciones del agente y adoptara medidas de protección con perspectiva de género. El recurso de reconsideración presentado por Sancci contra esa decisión fue posteriormente rechazado.
Durante 2024 y 2025 se promovieron nuevas actuaciones y se mantuvieron medidas preventivas. En mayo de 2025, el Consejo Directivo de la FHCS decidió nuevamente por unanimidad remitir los antecedentes a juicio académico, por considerar que las conductas documentadas podían constituir actos lesivos graves contra la ética universitaria. De este modo, los órganos colegiados de la Facultad y de la Universidad sostuvieron de manera reiterada la necesidad de investigar y dar una respuesta institucional de fondo. Las autoridades por entonces a cargo de las instancias ejecutivas del rectorado y el decanato no iniciaron ni el juicio académico ni el nuevo sumario oportunamente solicitados, llevando a que los hechos conducentes a la realización de estas actuaciones también finalizaran prescribiendo.
La decisión de 2026 y la reincorporación
En abril de 2026, al revisar esas actuaciones, la Cámara declaró prescriptos los hechos incluidos en las denuncias de diciembre de 2018 y junio de 2019. La prescripción extingue la posibilidad jurídica de aplicar una sanción por el transcurso del tiempo; no determina que los hechos no hayan ocurrido, no descalifica los testimonios reunidos y tampoco equivale a un pronunciamiento de inocencia.
En esa misma resolución, el tribunal distinguió un episodio posterior y diferente y consideró válida la decisión institucional de investigarlo en el ámbito administrativo, aun cuando la investigación penal hubiera sido archivada. Por esa razón convalidó la suspensión preventiva por un plazo máximo de tres meses y ordenó que, al concluir ese término, el agente fuera reincorporado si la Universidad no había dictado válidamente una nueva cesantía o si no existían otras circunstancias normativas que afectaran su situación de revista.
Cumplido ese plazo, la UNPSJB y la FHCS acataron la resolución judicial y procedieron a la reincorporación. Deseamos destacar especialmente que la Facultad siempre actuó conforme a derecho: no incurrió en rebeldía, no desobedeció ni dejó incumplida manda judicial alguna. Cada decisión de la Justicia fue observada en los términos correspondientes.
Ese cumplimiento también se refleja en que los haberes del agente fueron liquidados de manera íntegra e ininterrumpida, sin descuentos derivados de la suspensión preventiva. Durante aproximadamente seis años, el agente continuó percibiendo la totalidad de sus remuneraciones sin realizar prestaciones académicas, de investigación o de extensión, incluso en un contexto de severas restricciones presupuestarias para el sistema universitario.
La reincorporación no borra el contenido del sumario, las declaraciones y testimonios incorporados, las conclusiones del instructor ni las resoluciones unánimes adoptadas por el Consejo Directivo y el Consejo Superior. Demuestra, en cambio, el deber de toda institución pública de cumplir las sentencias judiciales, aun cuando su resultado derive de deficiencias administrativas y procedimentales producidas durante tramitaciones anteriores.
Compromiso institucional
La FHCS reconoce que la duración excesiva de las actuaciones y los errores cometidos en distintas etapas de su tramitación impidieron alcanzar oportunamente una decisión definitiva y jurídicamente válida. Asumir esa realidad es indispensable para fortalecer los procedimientos institucionales y evitar que situaciones semejantes vuelvan a producirse.
La reincorporación ordenada judicialmente no libera a ningún integrante de la comunidad universitaria del cumplimiento de sus obligaciones académicas, administrativas y de convivencia institucional. La Facultad continuará ejerciendo sus competencias, adoptando las medidas académicas y preventivas permitidas por la normativa y garantizando, al mismo tiempo, el debido proceso y los derechos de todas las personas involucradas.
La FHCS reafirma su compromiso con una universidad pública libre de violencias, con la protección de estudiantes y trabajadores y trabajadoras, con la perspectiva de género y con el respeto irrestricto de las garantías constitucionales. Proteger a quienes denuncian y asegurar procedimientos administrativos eficaces y ajustados a derecho no son objetivos contrapuestos: constituyen obligaciones inseparables de una institución democrática.